Aunque la historia sea conocida gracias a la tragedia clásica, tal vez, por lejana, es preciso recordarla. Tras el destierro de Edipo de la ciudad de Tebas, sus dos hijos varones, Polinices y Eteocles, asumieron el poder gobernando alternativamente cada uno por espacio de un año. Sin embargo, una vez transcurrido el primer plazo, Eteocles se negó a ceder el puesto a Polinices por lo que éste, armado junto a varios caudillos argivos, hizo frente a su hermano en una guerra fratricida en la que ambos sucumbirán, tal como nos cuenta, en una obra memorable, Esquilo. Mientras Eteocles recibe una digna sepultura, los magistrados tebanos y el nuevo rey, su tío Creonte, consideran que Polinices, a quien hubiera correspondido legítimamente el trono, ha cometido traición, por lo que su cadáver deberá quedar insepulto. Es precisamente en otra tragedia, Antígona de Sófocles, donde la protagonista será condenada por enfrentarse a las leyes de los hombres al pretender dar honrosa sepultura a su hermano Polinices.
Todo está ya en los clásicos y, según cita atribuida a Borges, nada de lo que podamos añadir será más que una nota a pie de página a lo que ya ellos han dicho. Sin saberlo, al escribir su Antígona, Sófocles estaba también planteando, con un terrible sentido premonitorio, un desgraciado episodio de nuestra Historia moderna. La obstinación de un juez que, pese a lo que dijeran las leyes escritas por (algunos) hombres, pretendía, como la protagonista de la tragedia griega, dar honrosa sepultura, no a uno, sino a 114.266 hermanos, todos ellos desaparecidos durante la guerra y la posterior represión del franquismo.
Como si la humillante acusación de traición enarbolada durante cuarenta años de dictadura contra estos nuevos Polinices y la vergüenza y el miedo de sus familias no hubiera sido suficiente. Como si los más de treinta años de silencio cómplice de la democracia no acrecentaran la ignominia. Escenificando un episodio más de la Historia de un país cainita, bastó para condenar la soberbia del juez una denuncia de un supuesto sindicato, el ultraderechista Manos Limpias, y de Falange Española de las JONS, a quien Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, atribuye el 98 % de los asesinatos. Cómo exclama la protagonista sofoclea, “a la tiranía le es posible obrar y decir lo que quiere”, provocar, reinterpretando al revés a Quevedo, el terror constante más allá de la muerte (del tirano).
Se arguyen estos días en la prensa diversas consideraciones sobre la caída en desgracia del juez jienense. Precisamente, como en el caso de la heroína de Sófocles, la soberbia, el querer picar demasiado alto o el afán de protagonismo están en boca de algunos comentaristas, independientemente del signo político. Otros hablan de sus injerencias en el caso Gürtel. Sea como fuere, produce verdadero escalofrío pensar en qué país vivimos si esto es así. Si es posible, con la ley en la mano, defenestrar a alguien que tuvo la valentía de enfrentarse al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico, a los crímenes de Estado o a otras tiranías como las de Chile y Argentina. Hoy no se puede olvidar ahora aquella madrugada del 12 de junio de 1990 en la que Baltasar Garzón, junto al fiscal Javier Zaragoza, tomaba los puntos estratégicos de la ría de Arousa dirigiendo desde un helicóptero un espectacular despliegue policial de más de trescientas personas en el mismo corazón del narcotráfico.
Cuando llevamos casi tantos años de democracia como de dictadura asusta pensar que la sombra del dictador sea tan alargada. Pero sobre todo indigna el bochornoso espectáculo que se está ofreciendo de cara al exterior al perseguir con una saña injustificable al único, al menos que yo sepa, candidato al Nobel de la Paz que hemos tenido por estos lares. Tal vez el hecho de que hace unos meses la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opusiese al procedimiento contra Garzón anime un poco, pero es triste pensar que un único gesto desde su entorno del Poder Judicial, concederle la comisión de servicios para La Haya, hubiese bastado para frenar la suspensión y, con ello, esta lamentable imagen de la Justicia española en el exterior.
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